Segpres y la regulación de precios en Ley de Fármacos 2: “Es una gran transformación sobre cómo se construye el mercado”

En medio de la frenética actividad política y legislativa de enero, el gobierno presentó un conjunto de indicaciones al proyecto de Ley de Fármacos II que establecen un nuevo marco de regulación para los precios de los medicamentos. Las normas propuestas se centran en una nueva institucionalidad que radica en un futuro Observatorio Nacional de Medicamentos la facultad de establecer valores máximos a nivel mayorista bajo determinadas condiciones, y en el ámbito de la venta al público establece una fórmula que obliga a las farmacias a cobrar el mismo monto para la dispensación de productos que tengan el mismo fin terapéutico, ambos ejes del objetivo final de bajar los precios al público.

Bien recibidas en general en la comisión mixta que tramita el proyecto, las indicaciones apuntan a lograr finalmente la aprobación de la Ley de Fármacos II tras seis años de discusión. “Busca una gran transformación sobre cómo se entiende y construye el mercado de los medicamentos en todo nivel, y esperamos que sea uno de los legados legislativo más importante de este gobierno”, señala Máximo Pavez, subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres).

En un trabajo donde fueron claves asesores como Carolina Velasco (Estudios del Gabinete Presidencial) e Ignacio Parot (Presidencia) y los insumos del informe de mercado de la Fiscalía Nacional Económica de 2020, la propuesta del Ejecutivo despertó interés más allá del ámbito parlamentario a nivel de los actores de la industria y expertos. “Por primera vez estamos abriéndonos a acuerdos importantes para regular una industria que requiere más competencia. La centroderecha se está abriendo a una forma de mirar los precios no solo desde la competencia nada más, sino considerando que se requieren ciertos ajustes para generar esa mejor competencia”, indica el subsecretario.

Explica que las indicaciones apuntan a regular la determinación de los precios a nivel de toda la cadena. “Aguas arriba, en los laboratorios se trata de una intervención del Estado escalonada, subsidiaria, con fijación de precios cuando hay condiciones que la requieren a ese nivel y que se retiran cuando se cumple el objetivo de generar más competencia”, subraya.

La norma estipula la fijación de niveles máximos de precios en tres escenarios: en productos protegidos por patentes una vez que éstas cesen su vigencia; en fármacos de alto costo que superan el umbral definido en la Ley Ricarte Soto, y en aquellos remedios cuyo valor a público sea considerablemente mayor al observado en otros países y la agencia del Estado (Cenabast) no logró realizar su rol intermediación para crear una mayor competencia.

Nueva institucionalidad

La potestad para implementar estas acciones está radicada en el Observatorio Nacional de Medicamentos, compuesto por cinco expertos en regulación seleccionados por las carteras de Salud y Economía. “No solo se trata de criterios para regular los precios, sino que estamos creando una institucionalidad moderna, técnica, transparente y democrática, con un observatorio “con dientes” alojado en la Subsecretaría de Salud Pública”, subraya Pavez.

Dadas sus funciones que van desde el monitoreo de los precios de los medicamentos hasta el establecimiento de valores máximos a nivel mayorista, la autoridad enfatiza que este observatorio “no es solamente un comparador o informador, sino una herramienta regulatoria que van a funcionar como un consejo asesor para que el Ministro de Salud pueda tomar determinadas definiciones cuando estemos en presencia de problemas de acceso, producto del alza o diferencia de precios”.

Cumplido un año, el observatorio podrá proponer al Minsal que levante la medida para un medicamento si estima que han terminado las condiciones que dieron en su momento dieron origen a la determinación del precio máximo.

Cambios para farmacias

Aguas debajo de la cadena farmacéutica, las indicaciones reformulan la estructura de venta en las farmacias estableciendo una estructura de 30 categorías dentro de las cuales esos establecimientos deberán cobrar el mismo monto por la dispensación de medicamentos que tienen el mismo fin terapéutico.

El objetivo es que los medicamentos que son sustitutos se encuentren en una misma categoría y así se minimicen las diferencias de costo al interior de cada grupo. “Las farmacias no van a poder cobrar lo que quieran, sino que podrán fijar una tarifa de dispensación igual para los medicamentos que pertenecen a una misma categoría terapéutica”, indica.

Pavez señala que esta arquitectura toma en cuenta factores que inciden en el valor de los medicamentos como su costo de producción. “Por eso, es una regulación que generará más competencia, y que protege al consumidor sin desincentivar la innovación farmacéutica”, asevera.

Ante la oposición de gremios de la industria a la regulación propuesta -advirtiendo consecuencias como eventuales desabastecimientos de medicamentos o de elevar aún más sus precios -, Pavez responde: “No creemos en lo que anuncian algunos actores de la industria que han hecho muchísima presión. Muchos no quieren estar regulados y lo entendemos, pero no debiera producirse ese efecto”.